Domingo 26 de Marzo de 2017 - 10:01hs. - República Argentina Edición # 1626

Revista #32 Octubre 2009 > Editorial

La pluma y la picana

Que quede claro. Una cosa es el Grupo Clarín, el monopolio y la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y otra es Clarín y los derechos humanos.


 Que quede claro. Una cosa es el Grupo Clarín, el monopolio y la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y otra es Clarín y los derechos humanos.

Ambas cosas se entrelazan,  pero corren por caminos separados,  y en el marco de un sistema con independencia relativa de poderes.  Pero, ¿desde dónde podemos reclamar que el Poder Ejecutivo se mantenga independiente del Poder Judicial y del Legislativo, si la misma justicia y parte del Legislativo demuestran no ser independientes del poder de los medios de comunicación concentrados?

Porque una cosa es el nuevo marco legal y sus posibles implicancias económicas y políticas, y otro asunto, que debe correr por otro carril, son los hechos vinculados a las violaciones de los derechos humanos y la complicidad de ese aparato ideológico formado en la dictadura que hoy proclama defender la “libertad de prensa”.

Sabemos que muchos de los beneficios que obtuvieron fueron gracias a Videla y compañía: la vitoreada Ley de Radiodifusión, Papel Prensa, y el secuestro de dos niños en manos de su dueña, Ernestina Herrera de Noble, con la connivencia de altos directivos y periodistas del grupo empresario.

Pero el rol de los medios en la dictadura no puede recortarse al plano de los beneficios económicos obtenidos, sino que se debe expandir el debate hacia sus implicancias culturales.

El modelo político, social y económico, impuesto con el secuestro y la desaparición, permitió también la decadencia cultural, el miedo, la imposición de falsos valores, cuantificables en moneda extranjera.

Nunca los grandes medios de comunicación fueron tan oficialistas en este país como lo fueron con la Junta Militar y el plan económico de Martínez de Hoz.

Represión cultural


Ni los juicios por la verdad contra los jerarcas militares, ni la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) nos deben hacer olvidar la complicidad de los civiles, principalmente periodistas, con la dictadura militar.

Es hora de avanzar en el debate acerca de los responsables culturales del golpe militar, porque atrás de ellos se esconden verdades fundamentales para la reparación histórica que merece todo pueblo que ha sido víctima de un genocidio.

Lo que nunca confesaran los militares, para llevarse sus secretos a la tumba o por el desconocimiento propio de una institución con información compartimentada, pueden saberlo Joaquín Morales Solá, Samuel Gelblund o Mariano Grondona.

Ellos seguramente saben más que lo que saben muchos implicados militares. Ellos usaron como materia prima de su infamia periodística la información mejor guardada por los militares. Nadie busca con esto hacer una caza de brujas, sino simplemente encontrar la verdad.

Diana Maffia, del ARI, en el documental “Propaganda negra”, realizado en 2005 por la Universidad de Lomas de Zamora, es clara: “La desaparición de personas, secuestros de niños, tortura, fue tan fuerte, que hablar de la represión cultural parecía superficial. Tuvieron que pasar muchos años para darle una verdadera dimensión política y que no resulte ofensivo, sobre todo por las víctimas humanas”.

“El hombre que sabía demasiado”

Como periodista, intento ponerme en el lugar de la prensa en la dictadura. No puedo decir simplemente que fueron sus ideólogos. Para entender la situación de estas personas y su falta de humanidad voy a recurrir al dilema ético que plantea la película de Alfred Hitchcock.

Una pareja de vacaciones en Marruecos entabla una amistad con un francés, que antes de morir asesinado les revela que es un espía y que deben hacer llegar cierto mensaje a la embajada británica para evitar que un alto mandatario extranjero sea ultimado en Londres.

Aquí, se pone en juego el valor de la vida por sobre las propias implicancias políticas que puedan desatar el asesinato del diplomático, que son una guerra mundial y posteriormente la vida de la hija de la pareja.

Qué puede pensarse de un periodista que entra a un campo de concentración y no busca salvar a las víctimas. Qué puede pensarse de un periodista que a más de 30 años sigue en silencio, ocultando información, no sólo en función de saber la verdad, sino de mostrar cierta humanidad para con los familiares de las víctimas que quieren conocer el destino de sus hijos, hermanos o nietos.

Entiendan esto: los máximos popes de nuestra profesión son de la calaña más baja en la que pueda catalogarse un ser humano. Cobardes, cómplices de secuestro, tortura y asesinato. Deberían ser declarados personas non gratas en todas las Facultades de Comunicación del país. ¿Habrán tenido aunque sea el dilema moral del protagonista de “El hombre que sabía demasiado”?

La nota de la vergüenza

Es difícil sentirse periodista después de leer esta nota. Pienso todavía si es real. Prefiero suponer que no fue hecha por periodistas, que directamente fue armada por los militares y publicada en Clarín. Algo muy usual en los medios de comunicación. El que paga ve su información publicada.

Se trata de asumir que hay periodistas, todavía en actividad, que más allá de su ideología han sido cómplices del secuestro, la tortura y el asesinato. Y que la justicia viene obviando su participación activa en estos delitos.

La nota de Clarín, fechada el jueves 1º de Diciembre de 1977, y que viene circulando estos días por Internet es estremecedora. En ella, un periodista sin nombre narra la excursión a un campo de concentración militar junto a un grupo de (sus) colegas.

La nota mereció una denuncia presentada hace unos días en el Juzgado Federal Nº 3 en lo penal, a cargo del juez Daniel Rafecas, en la causa donde se investigan los hechos de terrorismo de estado de la zona del Primer Cuerpo de Ejército, por el abogado y periodista colaborador de esta revista Pablo Llonto.

La crónica en cuestión, titulada “La ardua recuperación”, reza en su bajada que los periodistas fueron “Invitados por el Comando en Jefe del Ejército”, mostrando claramente las vinculaciones entre la Junta Militar y el diario.

No se trató de una investigación, de una especie de “cámara oculta” de la actualidad. Se trata lisa y llanamente de una complicidad. Narran su excursión al campo clandestino de detención como si se tratara de una visita guiada a un museo, donde en vez de obras de arte describen la situación de “jóvenes en recuperación”.

“Los hombres de prensa observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e, incluso, pudieron dialogar con algunos jóvenes”. ¿Quiénes eran esos jóvenes? ¿En qué lugar estaban? ¿Quiénes administraban el centro clandestino de detención? Todos interrogantes que la justicia debería buscar develar.

“Esta experiencia se realiza con el directo apoyo de un equipo interdisciplinario, compuesto por médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados, que prestan asistencia a los detenidos, y tratan de resolver sus problemas y el de sus familias”, narra el cronista al finalizar la nota, abriendo un abanico de complicidades que la justicia no puede obviar.

Deberían investigarse los pormenores de esta nota y de todas las notas que abiertamente reflejan que hay periodistas que tienen información vital para la historia de este país. Pueden ser declarados inocentes, partícipes involuntarios, pero no pueden no declarar y ocultar información.

www.censurarte.ar

Que la página web de nuestra revista sea dada de baja por la empresa de hosting mendocina Host Rentable sin previo aviso y utilizando argumentos falsos, como es el envío de “spam” o “correo basura” desde nuestra cuenta de correo, también suministrada por dicha empresa, abrió el debate con relación a la libertad de información y la red de redes.

Nuestra base de datos de e-mails no ha sido realizada con fines comerciales, sino con el objetivo de difundir material periodístico a personas relacionadas con la revista,  y no existe ninguna denuncia presentada por un particular que recibiese dicha información mensual sobre los contenidos de Revista 2010 sin su consentimiento.

Por esto, además de las acciones legales en curso, el hecho debe abrir el debate para tener una legislación en la materia y que ninguna empresa de hosting se reserve “el derecho de rechazar, fijar o quitar cualquier información o material, en enteros o en parte, que, en su discreción única, son inaceptables, indeseables”, lo que puede servir de excusa para dar de baja ya sea contenidos pornográficos como periodísticos.

Si a esto le sumamos que la empresa Host Rentable es casualmente de la misma provincia de donde es el Grupo Uno, propiedad de Vila y Manzano, que actuó judicialmente en su momento para impedir que se reproduzca la señal de Canal 7 en Mendoza, y que intimidó a la cooperativa que edita Revista 2010 en una nota salida en el diario Uno, días antes de la supresión de la página y mientras lanzábamos la agencia noticiasmendoza.com, las sospechas son más que fundadas, aunque quede de ahora en más en manos de la justicia.

Por otra parte, los artilugios legales del Grupo Clarín, utilizados contra blogs y eliminando material periodístico subido a Youtube con el pretexto del derecho de Copyright para la palabra “Clarín”, también abren un capítulo que no contempla la nueva LCSA y que deberá ampliarse, para legislar en la materia y  extender así las libertades de prensa y de información.    

Los impedimentos judiciales impulsados por el Grupo Uno para que no se transmita Canal 7 en Mendoza o que Telesur no esté en la grilla de programación de Multicanal y Cablevisión, y la feroz casería de contenidos periodísticos que se realiza en Internet, reflejan, una vez más, que los fines de estas empresas no son sólo económicos sino que, como en la dictadura, siguen cumpliendo su rol en la represión cultural en función del pensamiento único.

Se trata de poderes económicos, pero también políticos y culturales, quienes desprecian como nadie la verdadera libertad de prensa y de información. Los oligopolios no sólo concentran señales, tienen prisionera a la palabra y no quieren soltarla.

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